La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) se convierte, del 7 al 9 de mayo, en el centro de un importante encuentro que reúne a referentes de la justicia penal bonaerense, el ámbito académico y la militancia por los derechos humanos. Con entrada libre y gratuita, las jornadas comienzan cada día a las 17 horas en la sede universitaria ubicada en el corazón del barrio, y buscan proyectar desde el conurbano una mirada crítica y comprometida sobre la política criminal argentina.
Organizado en conjunto con la Cámara Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el congreso convoca a jueces, fiscales, defensores públicos, docentes y estudiantes de Derecho en un espacio de debate plural que apunta a conectar el saber jurídico con las urgencias sociales del territorio.
La apertura contó con la participación de figuras destacadas como Sergio Gabriel Torres, ministro de la Suprema Corte bonaerense; Diego Molea, rector de la UNLZ; María Fernanda Vázquez, decana de Derecho; y Miguel María Alberdi, presidente de la Cámara Penal local. Sus intervenciones reforzaron la alianza entre el Poder Judicial provincial y la universidad pública, en defensa de una justicia más accesible y cercana a la comunidad.
A lo largo de las jornadas, se presentan especialistas como la jueza Soledad Garibaldi, los magistrados Gabriel Vitale, Jorge López, José Michelini y Pablo Little, la defensora Victoria Baca Paunero y la fiscal Cecilia Incardona. También participan reconocidos académicos y expertos como el criminólogo Gabriel Ignacio Anitua, el juez de Casación Ricardo Maidana y el profesor Eugenio Sarrabayrouse, quienes aportan enfoques innovadores sobre el sistema penal.
Entre los principales temas en discusión se encuentran la situación carcelaria en la provincia, los límites y avances en la investigación penal, la reforma del sistema procesal federal y los dilemas éticos y jurídicos que introducen las nuevas tecnologías. Las mesas de debate combinan una perspectiva garantista con demandas de eficacia institucional, en sintonía con la tradición de derechos humanos que caracteriza al sur del conurbano.